Por: Annette Planells

Principio del derecho romano que establece que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Leer la entrevista de un juez que admite, entre otras cosas, haber liberado imputados porque ellos no sabían que “prestaban” su firma para algo ilegal es verdaderamente frustrante. Un juez que recibe al menos 6 de los principales 15 casos de corrupción, según el listado presentado por la Fundación para la Libertad Ciudadana en 2016, habiendo un sistema de repartos automáticos (RUE) y 17 jueces penales, sin que a la fecha nadie pueda dar una explicación lógica. Un juez que en sus fallos critica a la sociedad civil y a los medios por cuestionar sus fallos y amenaza con demandar. Un juez que admite que en sus decisiones siempre hubo un interés económico y político. Lo más frustrante es que no haya un tribunal a donde acudir para que se sancione a un juez por la manera como administra justicia.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los principales responsables de que estemos en la posición 99 de 113 países en justicia penal según el Índice de Estado de Derecho 2017–2018 - World Justice Project. Cuatro años después de aprobada la ley de Carrera Judicial es inaceptable que un juez con más de 30 años en el sistema dependa de la renovación anual de su contrato.

Por un lado, está en juego la independencia del juez cuando su trabajo depende de que cada año le renueven su contrato, y por el otro lado, no existe una instancia para que se le apliquen sanciones disciplinarias al no existir el Tribunal de Integridad y Transparencia aprobado en la ley de Carrera Judicial que ellos mismos presentaron en la Asamblea Nacional.

En mayo de este año, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hicieron un acuerdo de sala para asumir las competencias del Tribunal de Integridad y Transparencia que, a la fecha, los propios magistrados se han negado a implementar. Cada año, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de turno aduce razones presupuestarias para no implementar la ley de Carrera Judicial, sin embargo, los nombramientos de jueces y funcionarios judiciales se siguen dando sin seguir el procedimiento establecido en la ley.

El acuerdo aprobado en el pleno determina el procedimiento para sanciones disciplinarias presentadas contra los funcionarios judiciales, como un paliativo a la falta de implementación del Tribunal de Integridad y Transparencia. Lo triste de todo esto es que los magistrados, aparte de autoconferirse poderes que no están en la ley, tienen una mora judicial escandalosa con los fallos, que sí les competen, y ahora, por decisión propia, asumen nuevas funciones. ¿Cuántos jueces han sido sancionados desde mayo que aprobaron este acuerdo?

Es precisamente por la falta de implementación de la Carrera Judicial que hoy una funcionaria que confesó haber extraído evidencias cuando laboraba en el Ministerio Público, puede actuar como secretaria de un juez. Es también por falta de esta Carrera Judicial que un juez puede admitir, sin consecuencias, que no aplica multas porque es trabajar el doble, o que no insiste en las alertas rojas de interpol para traer a la justicia a los prófugos, porque la interpol “se molesta”. Continuar sin implementar la Carrera Judicial atenta contra los miles de funcionarios judiciales, la mayoría de los cuales son personas íntegras y trabajadoras, que se ven a diario afectados por las malas actuaciones de unos cuantos que deben ser removidos del sistema.

La entrevista deja muy mal parado al juez que la concedió, pero deja peor a los magistrados de la Corte Suprema que juraron hacer justicia en nombre de la República y han sido omisos en sus principales responsabilidades.

Es imperativo un cambio en la administración del Órgano Judicial. El 2 de enero los magistrados eligen al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Al nuevo presidente le tocará, ya sea, liderar la correcta implementación de la Carrera Judicial, o continuar con las excusas y resultados que nos hacen caer en los peores lugares internacionales en temas de justicia.

El autor es miembro del Movimiento Independiente (Movin) y conductora delprograma Sal y Pimienta