¡Nos decepcionaron!

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Por: Annette Planells

La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, falló concediendo el amparo de garantías presentado por la defensa de Ricardo Martinelli, perdiendo la competencia del caso y pasándolo a la justicia ordinaria.

Evitando cargar directamente con la posible nulidad del caso que se produciría si se eliminaban las acciones de la fase intermedia, disfrazaron el golpe mortal a la justicia manteniendo lo actuado por el magistrado Jerónimo Mejía y el llamamiento a juicio que ahora debe realizarse en los juzgados circuitales del sistema penal acusatorio.

Este resultado evidencia la crisis judicial que se ha venido agravando durante los últimos 25 años, y que poco a poco acaba con nuestra democracia. Una crisis que ha expuesto los supuestos malos procederes de jueces y magistrados, quienes han sido acusados -públicamente y con evidencias reales- de tráfico de fallos. La responsabilidad apunta directamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente los que han estado en su junta directiva, quienes han tenido un sinnúmero de oportunidades para implementar una serie de acciones a fin de fortalecer este deteriorado órgano del Estado.

¿Cómo mantener viva una pequeña esperanza de encontrar justicia en un sistema donde todos los jueces son interinos y fueron nombrados directamente por los propios magistrados, sin seguir lo que exige la Ley 44 concerniente a la carrera judicial?

Por otro lado, están los diputados de la Asamblea Nacional, quienes tienen la facultad constitucional de investigar y juzgar a los magistrados de la Corte, pero que han optado por engavetar o archivar las denuncias que se presentan, según les convenga. ¿Por qué? Una de las razones de mayor peso es que la Constitución faculta, también, a los magistrados de la Corte a investigar y juzgar a los diputados. Asimismo, es responsabilidad de los diputados ratificar a los magistrados propuestos por el Ejecutivo.

¿Cómo puede haber justicia, transparencia y acciones éticas si no existe la separación de poderes bajo esta condición? ¿Creen ustedes que la actual Asamblea ratificaría a algún panameño que pusiera en peligro ese pacto de no agresión de “yo no te investigo y tú no me investigas”?

Y no podemos ignorar al Órgano Ejecutivo, y la responsabilidad directa del presidente Juan Carlos Varela. Su misión, al ser elegido y según sus propias promesas de campaña, era la de combatir la corrupción y rescatar la debilitada institucionalidad y, sobre ella, construir una sociedad próspera; sin embargo, cayó en la trampa del populismo y el cemento, pretendiendo seguir el modelo de gestión de Ricardo Martinelli, sin tener la capacidad de ejecución.

Lo demostró al no ser enérgico con sus ministros en la presentación de la declaración de bienes patrimoniales; al impulsar el nombramiento de Alberto Cigarruista como magistrado del Tribunal de Cuentas; al no sacar a la UAF de la Presidencia, ignorando las recomendaciones del comité de expertos que él mismo convocó después del escándalo de los mal llamados Panamá Papers; al no pasar el paquete de leyes anticorrupción, todavía engavetado en el Consejo de Gabinete; al no cambiar la ley de contrataciones públicas, buscando un mecanismo que protegiera al Estado de las empresas corruptas, y le permitiera seguir contratando a Odebrecht, aun a sabiendas de su participación en uno de los mayores escándalos globales de corrupción –la operación Lava Jato en Brasil–; al negarnos en nuestra cara el que su partido hubiese recibido donaciones de Odebrecht, para después admitir que recibieron más de 10 millones; al negociar aportes al programa Mi Escuela Primero con las empresas que hoy son investigadas por el escándalo de Blue Apple; al negociar un acuerdo de gobernabilidad con los diputados, el cual parece haber sido la clave de los abusos en las donaciones, contratos directos, planillas 080, 172 y ahora la 002, y el escándalo de Pandeportes; al hacer la pantomima de llamar a la Comisión de Estado por la Justicia y a la sociedad civil para evaluar candidatos para la Corte Suprema de Justicia, ignorando sus aportes y nombrando a Cecilio Cedalise y Ángela Russo. Al darnos la esperanza de iniciar un proceso en contra de la impunidad en casos de corrupción, para luego negarle recursos al Imelcf y al Órgano Judicial para la implementación de la carrera judicial.

A esto se suma lo actuado por todos los partidos políticos. Todos, sin excepción, han sido responsables –unos cómplices silentes y otros partícipes directos– del estado actual de la democracia, producto de la participación de sus propios diputados en actos de corrupción, sin que hayan sido expuestos ante un tribunal de ética de sus partidos; sin ser investigados, sin ser expuestos públicamente por sus malos procederes, antes bien en algunos casos, han salido a defender sus actos deplorables.

¡Todos nos han decepcionado por igual! Los únicos que no podemos decepcionarnos a nosotros mismos somos los ciudadanos y, en nuestras manos está la responsabilidad y la capacidad de iniciar una carrera de largo plazo, a fin de rescatar nuestra enferma democracia, y romper con este esquema pernicioso que pone en riesgo el futuro de nuestras familias y del país.

Una responsabilidad que debe ser acometida con urgencia en las próximas elecciones, a través de la renovación de la Asamblea Nacional y de la escogencia de un presidente realmente comprometido con nuestro futuro, y no con agendas personales y de las de sus enfermos partidos políticos, carentes de un genuino liderazgo comprometido genuinamente contra la corrupción. ¿Estaremos a la altura de este reto o caeremos en la trampa de los partidos políticos?

La autora es ingeniera y conductora de ‘Sal y Pimienta’.

[ Fuente: La Prensa ]

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