Por: Annette Planells

El martes 18 de septiembre, la precandidata a representante Azihra Valdés logra retener a un ladrón que entró armado a su residencia.  La Policía lo detuvo de inmediato y, en solo 48 horas, la jueza de garantías Josefa Monfante lo deja en libertad, cambiando la detención por la obligación de acudir a firmar cada viernes y una prohibición de acercarse a la víctima y a su corregimiento (Bella Vista).

¡Increíble! Una persona atrapada in fraganti, armada con un cuchillo, que premeditadamente acudió a la dirección de su víctima (ahora denunciante), es puesta en libertad. Esta libertad, a todas luces, ponía en peligro la seguridad de Azihra, y una posible fuga del delincuente.   

Pero éste demoró más tiempo detenido que en volver a ser atrapado, esta vez intentando robar piezas de camión en un local en el sector de El Dorado.

Lo más curioso de este infortunado relato es que el ladrón, mientras era nuevamente detenido, gritaba: “denme mi cautelar”, dando a entender que ya ha estado varias veces procesado y pareciese que domina las debilidades del sistema.

La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿de qué sirve que la Policía atrape a los delincuentes si estos quedan libres en pocas horas? ¿Dónde queda la seguridad ciudadana y la certeza del castigo?

Una de las razones más importantes es que tenemos jueces que han sido nombrados sin seguir los parámetros de la ley de carrera judicial; es decir, han sido nombrados de a dedo. Adicionalmente, no contamos con un Tribunal de Integridad y Transparencia, también contemplado por dicha ley, y que no ha sido implementado, alegando falta de presupuesto.  Este tribunal sería el encargado de investigar y destituir a los jueces que no cumplan con su trabajo, ya sea por corrupción o por incapacidad.  Al final, no importa el porqué un juez no cumple con su misión, el resultado tiene las mismas consecuencias.

Otra pregunta que nos hacemos es:  ¿Hasta cuándo aguantaremos un sistema judicial totalmente inoperante? Este caso es apenas un ejemplo de lo que vemos a diario, ante un sistema colapsado, donde la justicia depende de jueces sin preparación, credibilidad o, lo que es peor, en algunos casos, jueces con serios cuestionamientos sobre su integridad.  Y son, precisamente, estos jueces los que deciden sobre la vida y bienes de todos los panameños.

Para ser justos, me ha tocado conocer jueces y funcionarios muy valiosos dentro del sistema que tratan de aportar su granito de arena, muchas veces en condiciones de trabajo muy difíciles y que también se frustran al ver el abandono y la desidia en la que se encuentra el sistema.

Por otro lado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los responsables por liderar la transformación del Órgano Judicial, se encuentran seriamente cuestionados y con muchos conflictos internos, los cuales les impiden cumplir con su misión.

Y otra pregunta que nos inquieta ante esta desilusionante realidad es: ¿quién podrá defendernos? La respuesta es que la solución no la traerán quienes son parte del problema, y que son los mismos que no han tenido la voluntad para implementar la hoja de ruta ya trazada desde el Pacto de Estado por la Justicia a partir de una serie de diagnósticos que han definido claramente el deterioro de este importante órgano del Estado.

Mientras los que tienen en su poder la posibilidad de impulsar los cambios sigan entretenidos en banalidades y en asegurar sus puestos políticos, seguiremos en esta espiral que seguro llevará a los ciudadanos a tomarse la justicia por su mano, con todas las consecuencias que esto conlleva.

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