La Asamblea Nacional no ha parado de estar en el ojo de la tormenta por el manejo de fondos por parte de los diputados. A pesar de que sus funciones están claramente definidas en la Constitución, y estas no incluyen el manejo de fondos o la ejecución de obras, hemos visto cómo los diputados encuentran la manera de manejar fondos para, supuestamente, resolver los problemas de sus comunidades.
Los últimos escándalos referentes a estos manejos de fondos se inician con la revelación de los más de 400 millones de dólares que los diputados “gestionaron” en el período 2009-2014, a través de traslados a las juntas comunales. Hoy estos traslados están siendo investigados por malos manejos, esta investigación ya cuenta con una auditoría de Contraloría y está en espera de ser reabierta.
Los escándalos por malos manejos no han cesado, hasta el punto de que la Contraloría ha suspendido el pago de diferentes planillas y ha ordenado una auditoría forense, todo esto en la mitad de un enfrentamiento entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo que se inició a raíz de la no ratificación por parte del Órgano Legislativo de las candidatas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia presentadas por el Consejo de Gabinete. La diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, niega la entrada a los auditores de Contraloría, presentando un amparo de garantías en contra de la orden del contralor, amparo que a la fecha está pendiente de fallo.
Ante la negativa de la diputada Yanibel Ábrego, el contralor presenta una denuncia en contra suya por impedir la auditoría de Contraloría, en un hecho público y notorio, denuncia que cuenta con las actas levantadas por los funcionarios de Contraloría al impedírseles el acceso a los documentos de la Asamblea.
En este enfrentamiento entre el Órgano Legislativo y la Contraloría General de la República uno esperaría una actuación diligente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es la razón de ser de este órgano del Estado, dirimir los conflictos de manera expedita, objetiva e independiente.
Lamentablemente, no solo no hemos visto diligencia por parte de los magistrados, lo que estamos observando es una total evasión de su responsabilidad constitucional. La denuncia presentada por el contralor no fue admitida con la excusa de que no presentó la famosa “prueba idónea”.
La prueba idónea, esa especie de unicornio rosado que hay que llevarles a los Magistrados para que admitan una denuncia en contra de un diputado. Es la prueba que vincula el supuesto delito denunciado con la persona, un escudo que a la fecha ha impedido que los magistrados cumplan con su obligación constitucional y eviten tomar una decisión que los enfrente a la Asamblea Nacional.
El magistrado ponente Oydén Ortega, con el apoyo de Ángela Russo, Abel Zamorano, Cecilio Cedalise, José Ayú Prado, Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega) y Jerónimo Mejía, rechazaron la admisión, evitando entrar a resolver el fondo de la denuncia presentada por el contralor, extendiendo la incertidumbre de una situación que está afectando la gobernabilidad.
No es tema de presionarlos a favor o en contra de la denuncia, el propósito de este escrito es evidenciar la falta de compromiso que mostraron frente a las funciones para las cuales fueron contratados y por la cual deben rendir cuentas a los ciudadanos a quienes juraron servir.
Negarse a entrar a definir el fondo de la demanda es un acto de cobardía, contrario a la aspiración ciudadana, en un momento en el que necesitamos una Corte valiente, una Corte que anteponga el derecho al interés, una Corte expedita, que sepa distinguir los temas cruciales para el país y les dé prioridad, una Corte de la que nos sintamos orgullosos, una Corte de la cual no dudemos si podrá o no juzgar a un expresidente, una Corte que nos brinde la confianza necesaria para vivir en paz.