Por: Annette Planells


¡Auxilio! ¡Socorro! Inició la discusión de las reformas constitucionales en el pleno de la Asamblea Nacional y, con ello, la creciente preocupación sobre las intenciones, limitaciones y el poder de las personas que elegimos para legislar en nombre de todos los panameños.

Entre gritos, reuniones para acuerdos privados, reclamos y golpes de curul se define el contrato social de nuestro país: nuestro futuro, el de nuestras generaciones, de nuestras familias.

Lo que parecía ser un ejercicio para realizar reformas puntuales a la Constitución, se ha transformado básicamente en una constituyente, en la que todo parece estar a merced de una mayoría parlamentaria del Partido Revolucionario Democrático, que responde, en muchas ocasiones, a sus miedos e intereses personales, por encima de los intereses nacionales.

La discusión ha sido dividida en cuatro bloques. El primer bloque contiene los deberes y derechos ciudadanos, y el segundo lo relacionado con los órganos del Estado. Fue quizás en este punto en el que muchos ciudadanos, gremios y organizaciones de la sociedad civil despertaron a la cruda realidad. Sí, pues esa misma Asamblea, integrada por 71 diputados, algunos de los cuales han tenido discursos xenófobos, que han utilizado recursos del Estado para actividades proselitistas, que han ocultado sus planillas e impedido la auditoría de la Contraloría, los mismos diputados que han humillado a funcionarios que se han presentado frente al pleno, pero no han tenido el valor de pedirle la separación a uno de los suyos imputado por violación carnal y actos libidinosos, esos son los que están decidiendo sobre nuestro futuro. Algunos de estos diputados utilizaron donaciones de la Asamblea para fundaciones propias y no han podido dar cuenta de los bates e implementos deportivos que supuestamente se compraron con fondos de Pandeportes, pero que los deportistas alegan nunca haber recibido. Sí, son esos mismos diputados los que pueden definir nuestras garantías fundamentales, nuestra libertad de expresión, nuestras relaciones internacionales y el futuro de la justicia, la salud y la educación del país.

Fue quizá hasta que leímos el primer bloque de reformas aprobado en primer debate cuando muchos nos percatamos del peligro y gran riesgo que representa el abrir las entrañas de nuestra Constitución a personas que no tienen, primeramente, la integridad ni el conocimiento ni la experiencia y mucho menos el interés para estar a tono y para elevarse a la oportunidad que nos brinda la historia, a fin de hacer los cambios trascendentales que necesitamos como sociedad.

Este proceso inició muy bien, pues recordemos que el documento inicial presentado por el Consejo de Gabinete fue el resultado del consenso logrado dentro del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. Éste es un espacio integrado por 23 sectores de la sociedad: los tres Órganos del Estado, los partidos políticos, los pueblos indígenas, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), los gobiernos locales, entre otros. Posteriormente, la Comisión de Gobierno de la Asamblea sometió este documento a consultas a nivel nacional, en un ejercicio democrático y, hasta ese momento, transparente (en este ejercicio se recogieron los principales aportes de la ciudadanía). Pero algo terrible ocurrió después, que ha llevado a la Asamblea a descartar los aportes consensuados para introducir reformas, muchas de las cuales parecen caprichosas y, sobre todo, parecen no haber contemplado las consecuencias que traerían para el país.

Para ser balanceados con este análisis, hemos visto diputados que, al margen del partido o de su posición como independientes, genuinamente han querido aportar a la discusión sobre temas de importancia nacional; sin embargo, el proceso oscuro y acelerado que se está llevando opaca totalmente sus aportes.

El haber ignorado el ejercicio inicial de consenso, democrático, participativo y transparente logrado a través de la Concertación y las consultas ciudadanas a nivel nacional, y luego el poco tiempo para el debate natural que debe darse en la Asamblea Nacional de cara a un tema tan crítico para el país, ha traído como resultado un retroceso en áreas fundamentales en derecho internacional, libertad de expresión, migración y otros. Ello parece enviar un incentivo para que, desde ya, la campaña del “No a las reformas” tome fuerza y, lamentablemente, perdamos todo el esfuerzo invertido inicialmente en corregir temas puntuales en la Constitución.

Estamos a tiempo de corregir el rumbo. Ya algunos gremios se han pronunciado ante el peligro que representaría la concreción de lo aprobado a la fecha, ya que, aún cuando los ciudadanos tendremos la última palabra en el referéndum, podríamos estar desperdiciando una oportunidad de oro para garantizar una mejor separación de poderes, la reestructuración de un sistema judicial colapsado y corregir el rumbo de la salud y la educación, a fin de estar en capacidad de responder a las grandes necesidades nacionales.

La autora es miembro de Movin y conductora del programa radial ‘Sal y Pimienta’.