Por: Annette Planells

¿Qué estaría dispuesto a hacer o dejar de hacer alguien para evitar que el contenido de sus comunicaciones sea público? Más allá de la frase romántica “mi vida es un libro abierto” , revisen bien su celular, temas personales, profesionales, conversaciones con los hijos o sobre los hijos, fotos, videos, audios, discusiones o peleas familiares, opiniones sobre amigos, algún comentario fuera de lugar dicho en momentos de enojo, proyectos profesionales, estrategias, información que no debió ser compartida y, en algunos casos, trampas o traiciones…. la información es suya, y está protegida por nuestra Constitución, pero ¿quién asegura esa protección? ¿Tiene el Estado la capacidad de protegernos?

Más allá de la opinión favorable o desfavorable que pueda tener cada quien del expresidente Juan Carlos Varela o de la procuradora Kenia Porcell, le violaron la intimidad al Presidente de la República, publicaron la información de su celular en su período presidencial. Sí, noticia vieja lo sé, pero ¿hemos reflexionado sobre la gravedad del tema?.

Más allá de las revelaciones y sus consecuencias, está pendiente la pregunta sobre ¿cómo ocurrió? ¿quién fue? ¿puede volvera hacerlo? O, el grupo criminal que extrajo esa información ¿tiene información por publicar sobre otras personas?, ¿estará extorsionando a alguien?

El debate se ha centrado en el contenido y, no quiero restarle importancia, pues el contenido es grave y ha provocado la renuncia de la Procuradora General de la Nación, y debería provocar la renuncia de un par de magistrados mencionados con temas muy serios. De allí se derivan varios asuntos que deben ser investigados, como los acuerdos con las principales constructoras contratistas del Estado, entre éstas Odebrecht y las involucradas en el caso Blue Apple. La publicación ha revelado información sobre relaciones internacionales, embajadores y altos funcionarios de las embajadas más importantes en el país como Estados Unidos y la República Popular de China; en fin, es un tema que podría y debería tener repercusiones internacionales. Si bien el contenido no debería usarse como prueba de delito en un juicio, sí establece una línea de investigación que se debe seguir. Es información de interés público, y este mismo debate ya lo tuvimos con los Panama Papers.

Sin embargo, en todo este debate, ¿qué acciones se están tomando para protegernos a nosotros los ciudadanos? Si “pincharon” al Presidente de la República, ¿cómo nos protegemos nosotros? ¿Cómo nos aseguramos que no hayan o tengan “pinchado” al Presidente Laurentino Cortizo, a los ministros, a los jueces, magistrados, a la policía, al contralor, a "me grabaron, me grabaron"? no podemos seguir cerrando los ojos, ¡esto no es un caso aislado! Sabemos de al menos tres equipos y softwares de pinchazos comprados con dineros públicos que nunca aparecieron; técnicos entrenados para usarlos con orden de conducción que en más de cinco años no han aparecido y, el principal sospechoso declarado "no culpable" dando recomendaciones públicas sobre cómo evitar ser pinchado. Hay evidencias de que este grupo criminal contrató una página web cuyos datos están protegidos por una sociedad en Suiza. Es evidente que no son principiantes y seguramente no se detendrán hasta que sean atrapados.

¿Qué va a hacer el Estado para protegernos? ¿Quién va a investigar y a juzgar al grupo criminal que amenaza contra la seguridad interna del Estado y la intimidad de ciudadanos y gobernantes? Como ciudadana me siento vulnerable y espero que las personas que están ocupando el poder hagan al menos una declaración sobre cómo van a abordar este problema que también los amenaza a ellos.

El autor es miembro de Movin y conductora del programa Sal y Pimienta